Los magistrados del Tribunal Electoral (TE) estarían siendo presionados por el poder económico y político para que cambien su fallo de fondos en el caso del fuero penal electoral que ampara al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli.
El 22 de marzo de este año, los magistrados Heriberto Araúz y Alfredo Juncá, en una decisión mayoritaria, revocaron el levantamiento del fuero penal a Martinelli, presidente del partido Realizando Metas, por los casos New Business y Odebrecht.
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Ambos funcionarios reconocieron que el exgobernante no solo tiene derecho a mantener el fuero penal electoral, también goza del principio de especialidad que impide que sea juzgado por una causa distinta al 'Caso Pinchazo', por la cual fue extraditado a Panamá en el 2018.
Los magistrados advirtieron que en un Estado de Derecho, las autoridades están obligadas a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes.
Agregaron que al levantar el fuero a petición del Juzgado Tercero Liquidador de Causa Penales, que dirige la juez Baloisa Marquínez, el Juzgado electoral violó el debido proceso, la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y el artículo 138 del Código Electoral.
Recientemente, el abogado internacionalista Luis Fuentes Montenegro advirtió que la justicia penal panameña decrece y entra en un proceso de incredibilidad y de desajustes.
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"La justicia debe ser la justicia y lo político debe resolverse en lo político, pero cuando se utiliza la justicia para resolver conflictos políticos, la que queda perdiendo es la justicia!", dijo.
